La Contraloría General del Cauca ordenó el embargo de bienes de la actual secretaria de Gobierno y Participación del departamento, Maribel Perafán Gallardo, por un presunto daño patrimonial que supera los $1.685 millones de pesos. La medida, que se conoció el 22 de octubre, hace parte de un proceso fiscal que investiga su gestión como gerente de la Industria Licorera del Cauca (ILC).
De acuerdo con la Contraloría, los bienes embargados —entre ellos un inmueble y un vehículo— buscan garantizar la recuperación de los recursos públicos que se habrían visto comprometidos durante su administración en la ILC. El proceso, identificado bajo el número PRF-10-25, fue emitido mediante los autos 22 y 23 por la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.
Los informes preliminares de la auditoría revelaron posibles irregularidades en exportaciones sin los debidos requisitos, contratación no ajustada a la norma y otorgamiento de incentivos sin soporte, además del presunto hurto de licor durante su periodo como gerente. En julio pasado, la Contraloría había advertido sobre hallazgos por más de $3.652 millones, incluyendo 9 fiscales, 20 administrativos, 12 disciplinarios y 2 con posible alcance penal.
Aunque el proceso se relaciona con su paso por la Industria Licorera del Cauca, la situación ha generado repercusiones políticas, ya que Maribel Perafán ocupa hoy uno de los cargos más visibles del gabinete del gobernador. La Secretaría de Gobierno del Cauca tiene entre sus funciones la coordinación de políticas de orden público, participación ciudadana y gobernabilidad, por lo que el caso ha despertado preocupación entre sectores políticos y ciudadanos que exigen mayor transparencia en la administración departamental.
Hasta el momento, la funcionaria no ha emitido un pronunciamiento público sobre el embargo ni sobre los hallazgos de la Contraloría. No obstante, fuentes cercanas aseguran que presentará su defensa jurídica en los próximos días para desvirtuar los señalamientos.
El proceso continúa en etapa de revisión y, según la Contraloría, en caso de confirmarse la responsabilidad fiscal, se podrían aplicar sanciones económicas o incluso disciplinarias. Por ahora, el caso representa uno de los escándalos administrativos más relevantes de 2025 en el departamento del Cauca.
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