Dos días después de que el Tribunal Superior de Bogotá declarara inocente al expresidente Álvaro Uribe Vélez, Colombia continúa profundamente dividida. Mientras los sectores cercanos al uribismo celebran el fallo como una reivindicación de la justicia, desde el gobierno y la izquierda se advierte que la decisión marca un retroceso en la búsqueda de verdad sobre la relación entre el poder político y el paramilitarismo. La resolución, que revocó la condena de 12 años de prisión impuesta en agosto, reabre además el debate sobre la independencia judicial y el rumbo político del país de cara a las elecciones de 2026.
El 21 de octubre de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá absolvió a Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La decisión revocó la sentencia de primera instancia, en la que se le responsabilizaba de presuntas presiones a testigos que lo vinculaban con grupos paramilitares. Los magistrados concluyeron que no existían pruebas suficientes para sustentar una condena y que el proceso presentaba fallas estructurales en la valoración probatoria, entre ellas inconsistencias en los testimonios y uso indebido de interceptaciones telefónicas. El fallo, aunque favorable al expresidente, no es definitivo. La parte civil del proceso, encabezada por el senador Iván Cepeda, anunció que presentará un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia.
El Tribunal Superior sostuvo que la condena inicial se basó en inferencias más que en hechos demostrables. En su análisis, los jueces indicaron que las pruebas aportadas “no permiten deducir responsabilidad penal con el nivel de certeza requerido” y que algunos testigos “carecían de credibilidad o mantenían motivaciones personales” que distorsionaban sus declaraciones. El fallo también cuestionó la interpretación de las interceptaciones telefónicas, señalando que “no evidencian comunicación directa o instrucción de Uribe para manipular testigos”.
El presidente Gustavo Petro expresó su desacuerdo con el fallo y aseguró que la decisión “repite la historia de impunidad en Colombia”. El mandatario cuestionó la independencia del poder judicial y advirtió que “la justicia no puede ser selectiva ni servir para proteger los privilegios del poder”. Desde el Palacio de Nariño, algunos asesores presidenciales confirmaron que el gobierno estudia propuestas para impulsar una reforma judicial que garantice mayor transparencia.
Por su parte, el expresidente Iván Duque celebró la decisión calificándola como “un acto de justicia largamente esperado”. “Álvaro Uribe ha soportado con dignidad una persecución injusta. Hoy la verdad prevalece sobre la infamia”, escribió en la red X (antes Twitter). La senadora María Fernanda Cabal también respaldó la absolución y aseguró que “el fallo confirma lo que siempre se supo: Uribe fue víctima de una venganza política”.
El senador Iván Cepeda, reconocido como víctima en el proceso, anunció que recurrirá la decisión ante la Corte Suprema. “Este fallo no borra la verdad histórica ni las evidencias de un sistema político que se benefició del paramilitarismo”, declaró. Otros congresistas de la oposición, como la senadora Catherine Juvinao, señalaron que la decisión “envía un mensaje desalentador a las víctimas del conflicto armado”.
Aunque el fallo devuelve al expresidente Uribe al escenario político, su impacto trasciende lo jurídico. El Centro Democrático se prepara para relanzar su figura como referente en la derecha, mientras sectores progresistas advierten sobre una posible reconfiguración del poder que podría influir en las elecciones de 2026. Analistas coinciden en que Uribe recupera margen de maniobra dentro de su partido, pero enfrentará el desafío de renovar su imagen en un país más fragmentado y con un electorado joven que no vivió su periodo de gobierno.
El fallo ha reactivado tres tensiones centrales en la vida pública colombiana. La primera es la credibilidad de la justicia: para unos, el fallo demuestra independencia y rigor jurídico; para otros, evidencia la persistencia de un sistema judicial permeado por intereses políticos. La segunda es la polarización política: la absolución reaviva la histórica confrontación entre uribismo y progresismo, debilitando el llamado del gobierno a un “acuerdo nacional”. La tercera tiene que ver con el escenario electoral: Uribe vuelve a ser una figura determinante en la agenda pública, lo que podría fortalecer a la derecha de cara a 2026 y obligar al Pacto Histórico a redefinir su estrategia.
El caso contra Uribe comenzó en 2012, cuando el entonces congresista Iván Cepeda presentó denuncias sobre presuntos vínculos del expresidente con grupos paramilitares. En 2020, la Corte Suprema ordenó su detención domiciliaria, medida que fue ampliamente debatida en el país. En 2023 la Fiscalía reabrió la investigación con nuevas pruebas. En agosto de 2025 Uribe fue condenado a 12 años de prisión, y dos meses después, el Tribunal Superior de Bogotá lo absolvió en segunda instancia.
La absolución de Álvaro Uribe marca un nuevo punto de inflexión en la historia política y judicial de Colombia. Para sus seguidores, representa la confirmación de su inocencia y el fin de una persecución política. Para sus críticos, constituye un símbolo de impunidad y de las dificultades del Estado para juzgar a los poderosos. El país, una vez más, se enfrenta al reto de reconstruir confianza en sus instituciones y superar una polarización que se profundiza con cada decisión judicial que toca al poder.
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