La política colombiana vivió un nuevo capítulo de tensión e incertidumbre con la renuncia irrevocable de Eduardo Montealegre al Ministerio de Justicia, un giro inesperado que impacta de lleno al gabinete del presidente Gustavo Petro y deja muchas preguntas en el aire sobre el futuro institucional del país.
Montealegre presentó su carta de renuncia el 24 de octubre de 2025. En ella expresó no solo su “profunda indignación” por la absolución judicial de Álvaro Uribe, expresidente y figura central de la derecha colombiana, sino también la necesidad de recuperar su libertad como víctima para acudir a instancias internacionales en busca de justicia. El tono de su mensaje fue directo, acusando la existencia de “traidores” en el Palacio Presidencial y advirtiendo al propio Petro sobre los riesgos políticos internos.
La salida del ministro no fue súbita; durante las semanas previas, Montealegre mantuvo intensos roces con la Procuraduría, organismo que le abrió una investigación por presunta participación en política. El exministro denunció públicamente que la “persecución disciplinaria” atentaba contra sus derechos y solicitó medidas cautelares ante la CIDH. Este ambiente hostil y lleno de presiones llevó al presidente a pedirle la renuncia de forma directa, como ya circulaba en los medios nacionales.
El trasfondo: la propuesta de Asamblea Constituyente
Uno de los puntos de mayor tensión fue la propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, presentada por Montealegre y defendida oficialmente por el Gobierno Petro. El Proyecto de Ley, socializado al país y a las organizaciones sociales, planteaba conformar una asamblea de 71 delegados con paridad de género y representación de sectores sociales diversos. El propósito central: transformar la Constitución de 1991, considerada por Montealegre como “rezagada” y “limitada por fuerzas contrarias al cambio social”.
Desde Shanghái, China, Montealegre hizo énfasis en que este proceso constituyente debía impulsar cambios profundos en institucionalidad, derechos sociales, y formatos democráticos, en un espacio de argumentación y no de violencia. El proyecto fue recibido tanto con expectativa como con fuertes críticas, especialmente en el Congreso y sectores opositores que lo calificaron como “riesgoso para la estabilidad institucional y la seguridad jurídica”.
La propuesta no era solo de trámite: implicaba una consulta popular y un arduo proceso legislativo con debates y aprobación en ambas cámaras. Para sectores críticos, la iniciativa servía de distractor político y recurso de agitación de cara a futuras campañas, acusando al gobierno de buscar la reelección y de poner en entredicho el orden constitucional.
Pronunciamientos, reacciones y consecuencia política
Los pronunciamientos oficiales no han abundado, pero la carta de Montealegre y las filtraciones del Palacio dejan claro que su salida es el resultado de divisiones cada vez más profundas al interior del gobierno. Por un lado, la administración Petro enfrenta las consecuencias de las tensiones parlamentarias y ministeriales. Por el otro, abre la puerta a una mayor polarización en torno a temas claves como la justicia, la reforma constitucional y la disputa con el uribismo.
Para muchos analistas, la salida de Montealegre es una señal inequívoca de crisis: el gobierno pierde a uno de sus cuadros juristas más sólidos y a una voz fuerte para defender las grandes reformas que promovía desde el ministerio. Además, el impacto mediático de las acusaciones de traición, los llamados de atención sobre la impunidad y las alusiones al futuro judicial de Uribe, incrementan la temperatura del debate público y ponen en jaque la credibilidad institucional del gobierno.
El episodio desnuda la dificultad de gobernar en medio de intereses contrapuestos, procesos judiciales mediáticos y presiones políticas provenientes de todos los frentes. Para la ciudadanía, esta situación genera preocupación por la estabilidad y la capacidad del gobierno para enfrentar el desafío de la justicia, la seguridad y la cohesión interna. ¿Podrá Petro reconstituir su gabinete y mantener la gobernabilidad, o se intensificarán las fracturas y la pugna por el poder? La respuesta se irá perfilando en las próximas semanas, pero lo sucedido muestra que Colombia sigue atrapada en la encrucijada de la polarización y el enfrentamiento.
La renuncia de Montealegre no es sólo el fin de una gestión: es la fotografía de un momento de profunda división política, de la dificultad de encontrar consensos y de la aceleración de los debates sobre el futuro constitucional de Colombia.
About the Author
