Por replicanoticias 
Un derrumbe en una mina de oro en Santa Bárbara de Iscuandé, en el litoral Pacífico de Nariño, dejó 14 personas muertas y siete heridas. La emergencia se registró durante la mañana del lunes 19 de octubre de 2026, en la vereda Chambergo, donde cerca de 30 personas realizaban labores de extracción artesanal de oro.
El balance de las autoridades departamentales confirmó que las operaciones de búsqueda y rescate finalizaron. Tras la emergencia, la atención se concentró en la evacuación de los heridos, el traslado de los pacientes que requerían atención especializada y el acompañamiento a los familiares de las víctimas.
De las 14 personas fallecidas, 12 eran mujeres y dos hombres. Las víctimas quedaron sepultadas por el material que se desprendió durante el colapso del terreno, mientras realizaban actividades de extracción de oro.
Álex González, secretario de Paz y Derechos Humanos de Nariño, informó que siete personas resultaron heridas. Cuatro de ellas presentaban lesiones de mayor gravedad y necesitaban ser trasladadas para recibir atención médica especializada.
La ubicación de los cuerpos también representó un desafío para la atención de la emergencia. Según el balance divulgado durante la jornada, 13 cuerpos fueron trasladados a la cabecera municipal de Santa Bárbara de Iscuandé, mientras que otro se encontraba en Guapi, Cauca.
La cifra de víctimas mortales a causa del Derrumbe en mina de Nariño aumentó a medida que avanzaron las labores de búsqueda. Los primeros reportes daban cuenta de nueve fallecidos, pero el balance posterior de las autoridades departamentales confirmó 14 muertes y siete personas heridas.
Las condiciones geográficas de Santa Bárbara de Iscuandé complicaron la respuesta de los organismos de socorro. El municipio está ubicado en una zona del Pacífico colombiano con dificultades de acceso, lo que limita el desplazamiento de personal médico, equipos de rescate y recursos para atender emergencias.
A esta situación se suman los problemas de seguridad asociados a la presencia de grupos armados ilegales en el territorio. La Defensoría del Pueblo solicitó medidas para garantizar el ingreso seguro de los equipos de emergencia y facilitar la atención humanitaria a las personas afectadas por el Derrumbe en la mina.
El organismo también pidió disponer de recursos humanos, técnicos y logísticos para responder a la situación, así como fortalecer la atención hospitalaria y facilitar el traslado de los heridos que requerían servicios especializados.
Las autoridades departamentales coordinaron gestiones con la Tercera División del Ejército para facilitar el transporte aéreo de los pacientes que necesitaban atención de mayor complejidad en Tumaco.
La mina donde ocurrió el Derrumbe era una explotación de oro a cielo abierto que operaba sin los permisos correspondientes, según los reportes divulgados tras la emergencia.
El accidente vuelve a poner en evidencia los riesgos asociados a las actividades mineras desarrolladas sin autorización y las dificultades para garantizar condiciones seguras de trabajo en zonas rurales apartadas.
Sin embargo, las circunstancias técnicas que provocaron el desprendimiento del terreno deben diferenciarse de las condiciones administrativas de la explotación. La falta de autorización no permite establecer, por sí sola, la causa específica del derrumbe, que deberá determinarse mediante las investigaciones correspondientes.
La emergencia también expuso las dificultades que enfrentan las comunidades del litoral Pacífico para acceder a servicios de salud y recibir asistencia oportuna cuando ocurren accidentes de gran magnitud.
La tragedia de Santa Bárbara de Iscuandé se suma a otro accidente minero ocurrido el 20 de agosto de 2026 en el municipio de Policarpa, también en Nariño, donde murieron 13 personas.
Con los balances reportados para ambos episodios, la cifra asciende a 27 fallecidos en dos derrumbes mineros ocurridos en el departamento en menos de dos meses.
Tras la finalización de las labores de búsqueda en Chambergo, la atención se centró en los sobrevivientes, el acompañamiento a las familias y las actuaciones necesarias para esclarecer las circunstancias del accidente.
El derrumbe dejó 14 personas fallecidas y volvió a poner la atención sobre los riesgos de la actividad minera en zonas de difícil acceso, donde las condiciones de seguridad y la capacidad de respuesta ante una emergencia representan desafíos adicionales.
