Por replicanoticias 
El presidente Abelardo de la Espriella anunció que el próximo 30 de noviembre expedirá un decreto para establecer las líneas de base del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y publicar sus coordenadas en las cartas náuticas oficiales. La medida, presentada por el Gobierno como parte de su política de soberanía marítima, se anuncia en un contexto marcado por los litigios entre Colombia y Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Durante una alocución presidencial realizada el 18 de octubre desde una embarcación de la Armada Nacional en el Caribe, De la Espriella afirmó que Colombia no cederá espacios marítimos ni abandonará a los pescadores del archipiélago. También anunció acciones para reforzar la presencia estatal y combatir delitos como la piratería en las aguas de la región.
El mandatario sostuvo que el país debe precisar las coordenadas de sus territorios insulares y calificó la expedición del decreto como un acto de soberanía. Según anunció, la norma se firmará el día en que San Andrés celebra su aniversario.
El anuncio tiene como antecedente la Ley 10 del 4 de agosto de 1978, que estableció disposiciones sobre el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental de Colombia.
El artículo 9 de esa ley dispuso que el Gobierno debía señalar las líneas utilizadas para medir los espacios marítimos del territorio continental, el archipiélago de San Andrés y Providencia y los demás territorios insulares. También ordenó publicar esas referencias en las cartas marítimas oficiales, conforme a las normas internacionales.
El Gobierno de De la Espriella sostiene que la definición de las líneas de base del archipiélago es una tarea pendiente que su administración busca completar. El anuncio, sin embargo, deberá contrastarse con el texto definitivo del decreto y con las disposiciones que ya regulan los espacios marítimos de las islas.
En 2013, Colombia expidió el Decreto 1946, que reglamentó aspectos relacionados con el mar territorial, la zona contigua y otros espacios marítimos de los territorios insulares del Caribe occidental. Posteriormente, esa regulación fue objeto de modificaciones y compilación normativa.
Por eso, el alcance de la nueva medida dependerá de las coordenadas que establezca, su fundamento jurídico y la manera en que se articule con las normas vigentes.
La disputa marítima entre Colombia y Nicaragua tiene antecedentes judiciales que se remontan a varias décadas. Uno de los fallos más relevantes fue emitido el 19 de noviembre de 2012, cuando la Corte Internacional de Justicia reconoció la soberanía colombiana sobre las formaciones insulares en disputa y estableció una frontera marítima entre ambos países.
La decisión mantuvo bajo soberanía colombiana a San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como a los cayos de Alburquerque, Bajo Nuevo, East-Southeast, Quitasueño, Roncador, Serrana y Serranilla. Al mismo tiempo, trazó una delimitación de espacios marítimos que reconoció derechos de Nicaragua en áreas del Caribe occidental.
El 21 de abril de 2022, la CIJ determinó que Colombia había vulnerado derechos soberanos y jurisdiccionales de Nicaragua en zonas marítimas que la sentencia anterior había atribuido a ese país. El fallo se refirió a actuaciones colombianas en esas aguas y no transfirió la soberanía de las islas a Nicaragua.
El 13 de julio de 2023, el tribunal rechazó otra pretensión nicaragüense relacionada con la extensión de su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde su costa.
Estas decisiones constituyen el marco jurídico que debe tenerse en cuenta al evaluar cualquier medida colombiana sobre sus espacios marítimos. La expedición de un decreto de líneas de base no modifica automáticamente la frontera fijada por la Corte ni reemplaza una decisión judicial internacional.
Durante su intervención, De la Espriella también anunció una política de defensa territorial orientada a fortalecer la presencia de la Fuerza Pública en el archipiélago.
El presidente advirtió que su Gobierno responderá ante los ataques contra pescadores y las actividades de piratería en el Caribe. En su discurso, vinculó la protección de quienes trabajan en el mar con el control de las aguas y la presencia de las autoridades colombianas.
Además, propuso impulsar a San Andrés como un centro marítimo y logístico para promover actividades económicas, facilitar la cooperación regional y fortalecer las operaciones de vigilancia, búsqueda y salvamento.
El mandatario también mencionó iniciativas para incentivar el registro de embarcaciones bajo bandera colombiana. Los detalles operativos, los mecanismos de implementación y los recursos destinados a estas propuestas deberán conocerse a través de las disposiciones oficiales correspondientes.
El anuncio presidencial fija el 30 de noviembre de 2026 como fecha prevista para expedir el decreto. Hasta que se publique el documento oficial, no es posible establecer con precisión cuáles serán las coordenadas adoptadas ni determinar todos sus efectos jurídicos y cartográficos.
Tampoco debe interpretarse la medida como una nueva sentencia sobre la disputa con Nicaragua. Su alcance deberá evaluarse a partir del contenido de la norma, las reglas internacionales aplicables y su relación con las delimitaciones marítimas ya establecidas.
La publicación de las coordenadas en las cartas náuticas oficiales permitirá conocer el trazado definido por el Gobierno y examinar cómo se integra con el marco jurídico vigente para San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
