Por replicanoticias 
Colombia colocó US$5.200 millones en bonos globales en los mercados internacionales el lunes 26 de octubre, en la mayor operación de este tipo en su historia, según el Ministerio de Hacienda. Supera los US$4.950 millones que el país había emitido en enero y es la primera emisión en dólares del Gobierno de Abelardo de la Espriella.
La demanda superó más de tres veces el monto ofrecido. Según EFE y BBVA, las ofertas fueron de unos US$16.000 millones. Hacienda habló de US$17.149 millones. Los títulos se rigen por la legislación del estado de Nueva York, y la liquidación está prevista para el 29 de octubre.
La emisión se repartió en tres títulos en dólares:
Los rendimientos corresponden a lo que ganan los compradores según el precio de colocación. No equivalen al cupón de cada bono. El del título a 2037, por ejemplo, es de 7,625 %, según el documento presentado ante la SEC de Estados Unidos. BBVA, Itaú BBA y J.P. Morgan actuaron como colocadores.
Los plazos largos reparten el pago del capital durante tres décadas. También prolongan los compromisos del Estado y lo exponen a la tasa de cambio: si el peso se debilita frente al dólar, el Gobierno necesitará más pesos para cubrir las mismas obligaciones.
Hacienda indicó que la emisión cierra el programa de financiación externa del Presupuesto General de 2026 y mejora la posición de caja para comenzar 2027. Según Semana, el ministro Miguel Gómez Martínez dijo que el dinero permitirá atender compromisos de inversión social y de reconstrucción tras el terremoto.
El Gobierno no ha detallado cuánto irá a cada vigencia. De acuerdo con reportes de prensa, el faltante de financiación de 2026 rondaría los US$3.000 millones, y el Plan Financiero ya contemplaba desembolsos externos por cerca de US$3.600 millones. Con esas cifras, una parte importante de la emisión podría quedar disponible para 2027. Analistas de Davivienda señalaron que aún no está claro cómo se distribuirá.
Los bonos no son ingresos propios del Estado. Son obligaciones que deberán pagarse con recursos futuros, nuevos ingresos o refinanciaciones.
La operación llega cuando el servicio de la deuda ocupa un lugar central en las cuentas. El Gobierno expidió por decreto el Presupuesto General de 2027 por $634,9 billones, tras no lograrse la conciliación entre Senado y Cámara en una de sus disposiciones.
Según la etapa del trámite, los recursos para el servicio de la deuda se ubican entre unos $144 y $155 billones, entre el 22 % y el 25 % del total. Esa partida incluye amortizaciones y no solo intereses, y supera con amplitud la de inversión, que ronda los $87 a $95 billones.
Para ordenar las cuentas, el Gobierno planteó un ajuste de 2,2 % del PIB, unos $42 billones, y anunció una Ley de Rescate que aún debe presentarse al Congreso. El Banco de la República advirtió que las proyecciones de déficit y deuda son un punto de partida sujeto a riesgo fiscal mientras las medidas no se materialicen.
La oportunidad de la operación generó cuestionamientos. El economista Jorge Restrepo, profesor de la Universidad Javeriana, preguntó en X si la caja no alcanzaba para esperar unos quince días y conocer la propuesta de ajuste antes de colocar la deuda.
El Gobierno defendió la operación. El ministro Gómez Martínez sostuvo que los resultados reflejan la confianza de los mercados en la política macroeconómica y fiscal. Según reportes, la demanda permitió además cerrar con tasas por debajo de las que se discutían al inicio de la negociación.
Determinar si esperar habría sido más barato exigiría comparar condiciones de mercado, vencimientos y necesidades de liquidez. Con la información pública disponible no es posible concluirlo.
Hacienda ha atribuido el aumento del servicio de la deuda en el presupuesto de 2027 al nivel de endeudamiento heredado del Gobierno anterior. Un análisis completo del deterioro fiscal requiere distinguir entre la deuda acumulada, el déficit de cada periodo, las decisiones de gasto y los vencimientos, sin atribuirlo a una sola administración.
Emitir deuda da liquidez y distribuye los pagos en el tiempo, pero no corrige por sí solo la diferencia entre ingresos y gastos. Lo que está por definirse es el destino final de los recursos, el costo total de la operación y si la Ley de Rescate logra aprobarse en el Congreso.
Fuentes: EFE, BBVA, Ministerio de Hacienda, SEC (Form FWP), Banco de la República, Semana, Infobae, Portafolio, La República.
