Por replicanoticias 
La Cancillería contrató por $240.000 millones a Thomas Greg & Sons mediante una figura de urgencia manifiesta, después de que un tribunal suspendiera temporalmente el modelo de expedición implementado durante el gobierno de Gustavo Petro. El regreso de la empresa reabre el debate sobre la contratación pública y sus vínculos con la logística electoral, en medio de señalamientos sobre una presunta negociación con Abelardo de la Espriella que no ha sido demostrada.
Thomas Greg & Sons volverá a encargarse de la producción de pasaportes colombianos tras la firma de un contrato por $240.000 millones con el Gobierno de Abelardo de la Espriella. La contratación se realizó mediante la figura de urgencia manifiesta, después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendiera provisionalmente la ejecución de los instrumentos asociados al nuevo modelo de expedición de estos documentos.
El acuerdo fue suscrito el 27 de octubre de 2026 por la Cancillería y la Unión Temporal Documentos de Viaje 2027, integrada por Thomas Greg & Sons de Colombia y Thales DIS Colombia S.A. La entidad sostiene que la medida busca garantizar la continuidad del servicio, ante la previsión de que las existencias de libretas disponibles se agoten en noviembre. La contratación es temporal, mientras se prepara un nuevo proceso de selección. Fuentes: Cancillería y El País.
La decisión devuelve a la empresa a una actividad que estuvo bajo su responsabilidad durante cerca de dos décadas y que se convirtió en uno de los principales conflictos contractuales de la administración de Gustavo Petro. Sin embargo, el regreso no se produjo únicamente por un cambio de orientación política: está precedido por una decisión judicial que suspendió temporalmente el modelo que el Gobierno anterior había puesto en marcha.
Thomas Greg & Sons estuvo a cargo de la producción y personalización de pasaportes colombianos durante años. El Gobierno de Gustavo Petro buscó modificar ese esquema y trasladar una mayor participación al Estado, a través de la Imprenta Nacional, con apoyo de la Casa de la Moneda de Portugal y otros actores del nuevo modelo.
El conflicto se remonta a 2023 y 2024, cuando la Cancillería adelantó procesos contractuales que terminaron en controversias por la participación de Thomas Greg, las condiciones de las licitaciones y la decisión de no continuar con el esquema anterior. La disputa provocó tensiones entre el Gobierno y la empresa, además de cambios en la dirección de la Cancillería.
El objetivo anunciado por la administración Petro era modificar la dependencia de un operador privado y fortalecer la participación estatal en la producción de documentos de identificación. El nuevo esquema comenzó a operar en abril de 2026, con participación de la Imprenta Nacional y socios internacionales.
No obstante, el 2 de septiembre de 2026, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó suspender provisionalmente la ejecución de los instrumentos asociados al modelo. Entre los aspectos señalados en la decisión judicial estaban la necesidad de acreditar los soportes fiscales para comprometer vigencias futuras y esclarecer asuntos relacionados con la planeación, los cronogramas y el estado de la operación.
La medida cautelar no equivale a una sentencia definitiva que declare ilegal todo el modelo. Sí obligó al Gobierno a adoptar medidas para garantizar que los ciudadanos pudieran continuar tramitando sus pasaportes.
La Cancillería declaró la urgencia manifiesta el 17 de septiembre de 2026. Esta figura, prevista en la Ley 80 de 1993, permite acudir a una contratación excepcional cuando se requiere responder a circunstancias que comprometen la continuidad de un servicio público.
Según la entidad, Thomas Greg contaba con una planta de producción en funcionamiento, personal capacitado y proveedores vinculados. La empresa también había trabajado en el sistema anterior, por lo que su reincorporación permitiría reanudar la operación en un plazo más corto que el necesario para habilitar un nuevo operador.
La Cancillería indicó que los precios unitarios de la propuesta se mantienen en los niveles anteriores y que las tarifas que pagan los ciudadanos no aumentarán por esta decisión. También argumentó que conservar el diseño vigente evita introducir una tercera versión del pasaporte colombiano en un periodo corto.
La contratación directa, sin embargo, no elimina la necesidad de control. La propia entidad informó que el mecanismo está sujeto a revisión fiscal posterior y que prepara una licitación pública para definir el esquema que continuará después de la medida temporal.
El punto que deberá evaluarse es si la urgencia manifiesta estuvo debidamente justificada, si el valor y las condiciones del contrato corresponden a las necesidades del servicio y si el proceso posterior garantizará una competencia efectiva entre posibles proveedores.
El regreso a los pasaportes coincide con otro asunto que ha generado controversia: la participación de empresas vinculadas a Thomas Greg & Sons en la organización logística y tecnológica de las elecciones colombianas.
En julio de 2025, la Registraduría adjudicó a la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026 un contrato por aproximadamente $2,1 billones para apoyar la organización de los procesos electorales de 2025 y 2026. La unión temporal está conformada por nueve empresas, entre ellas varias pertenecientes al grupo empresarial Thomas Greg.
La Registraduría señaló que el proceso fue público y que contó con acompañamiento de la Procuraduría y la Contraloría. También informó que diez posibles oferentes manifestaron interés, pero solo la unión temporal adjudicataria presentó una propuesta formal dentro del plazo establecido.
El contrato incluye servicios logísticos, tecnológicos e informáticos. Entre ellos están el apoyo al preconteo, la transmisión y publicación de información, la gestión de jurados y el soporte a diferentes etapas del proceso electoral.
La participación de la empresa en estos contratos plantea preguntas legítimas sobre la concentración de servicios tecnológicos y logísticos en proveedores privados. No obstante, es necesario distinguir entre prestar soporte informático, administrar una plataforma y tener autoridad para modificar o certificar los resultados electorales.
El contratista no reemplaza a las autoridades ni a las comisiones escrutadoras, responsables de verificar las actas y declarar oficialmente los resultados.
Dicho y hecho, esta era la contrapartida del uso del software privado donde se hicieron los usos irregulares del candado hash y algoritmos en las elecciones https://t.co/2wSXdzf5Ii
— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 27, 2026
La discusión sobre el software electoral se relaciona con decisiones judiciales, auditorías técnicas y cuestionamientos sobre el alcance del acceso que tienen los partidos y observadores a los sistemas utilizados en las elecciones.
En 2018, el Consejo de Estado pidió a las autoridades electorales avanzar hacia un software de escrutinio propio que permitiera seguir la trazabilidad de los resultados desde las mesas de votación hasta la declaratoria oficial. La respuesta institucional ha sido parcial: el Estado cuenta con un sistema propio para la consolidación nacional, mientras que proveedores privados participan en otros componentes de la operación.
La Registraduría informó que en febrero de 2026 se adelantaban auditorías de los sistemas de información electorales con acompañamiento del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL). También reportó que el código fuente de varios sistemas fue registrado y puesto bajo custodia antes de las elecciones presidenciales de ese año, con participación de organismos de control, auditores de partidos políticos y misiones de observación.
Estos antecedentes obligan a precisar una afirmación frecuente en el debate público: no es exacto afirmar, sin matices, que nunca se ha permitido revisar ningún código fuente electoral. Sí existen controversias sobre el alcance de las revisiones, las condiciones de acceso y la posibilidad de examinar integralmente componentes operados por contratistas privados.
La revisión técnica tampoco significa que el código esté abierto al público ni que cualquier persona pueda modificarlo. La pregunta relevante es si los auditores autorizados cuentan con acceso suficiente, independencia y tiempo para evaluar los componentes críticos, y si sus conclusiones pueden ser conocidas y contrastadas.
El regreso de la empresa a la expedición de pasaportes también revive un señalamiento formulado por Gustavo Petro durante la campaña presidencial de 2026. El entonces presidente afirmó que, según supuestos informes de inteligencia, Abelardo de la Espriella habría sostenido conversaciones con los hermanos Bautista, accionistas de Thomas Greg & Sons, para devolverles el contrato de pasaportes a cambio de apoyo tecnológico que le asegurara la Presidencia.
De la Espriella negó la existencia de esas conversaciones y retó a Petro a presentar las pruebas. La controversia fue recogida por medios de comunicación y examinada por ColombiaCheck, que señaló que el supuesto acuerdo no estaba respaldado por evidencia pública.
El hecho de que el Gobierno de De la Espriella haya contratado nuevamente a Thomas Greg no demuestra por sí mismo que hubiera existido un pacto previo. La contratación tiene un antecedente verificable: la suspensión judicial del nuevo modelo y la decisión administrativa de acudir a una urgencia manifiesta para mantener el servicio.
Tampoco puede concluirse, a partir de los contratos electorales, que la empresa tenga capacidad para garantizar la elección de un candidato. Sus funciones tecnológicas y logísticas deben examinarse por separado de las competencias de las autoridades electorales.
Por tanto, la supuesta negociación debe mantenerse como una acusación atribuida a quien la formuló, no como un hecho probado. En la información pública consultada no se encontró evidencia que permita confirmar que De la Espriella hubiera pactado la devolución del contrato a cambio de apoyo para ganar las elecciones.
El nuevo contrato abre interrogantes sobre el futuro del modelo de pasaportes, los controles aplicables a la contratación directa y las condiciones de la próxima licitación. También pone nuevamente en discusión la participación de un mismo grupo empresarial en servicios de identificación y en componentes logísticos de los procesos electorales.
Para establecer si hubo irregularidades en la contratación será necesario examinar el expediente contractual, los estudios que sustentaron la urgencia manifiesta, los valores unitarios, los informes de supervisión y las actuaciones de los organismos de control. En el frente electoral, la transparencia depende de auditorías verificables, reglas claras de acceso al software y controles independientes sobre los resultados.
Por ahora, están confirmados el regreso de Thomas Greg a la producción de pasaportes mediante un contrato temporal y la existencia de contratos del grupo empresarial relacionados con la logística electoral. La presunta negociación política entre De la Espriella y los propietarios de la compañía, en cambio, no ha sido demostrada con las pruebas públicas disponibles.
